Casi 18 años después, tres grandes municipios de la provincia de Málaga, Nerja, Alhaurín el Grande (24.720) y Coín, siguen incumpliendo la directriz de la Unión Europea que obligaba a los municipios de más de 15.000 habitantes a depurar sus aguas de manera correcta. El retraso acumulado es tal que los tribunales europeos impusieron a mediados de año una sanción por valor de 12 millones de euros al Estado español. Pero el mapa de aguas sin depurar es mucho más amplio en la provincia, tocando a una población que puede rondar los 100.000 habitantes.

Y aunque hay ciertas intervenciones próximas a su culminación, no parece probable que el mapa de infraestructuras de tratamiento esté completo hasta dentro aún de un lustro. La situación más grave es la que concierne a Alhaurín el Grande y Cártama, pendientes ambas de quede allanado el camino de la EDAR Norte-Guadalhorce, cuyos orígenes se remontan a 2005 y que, casi trece años después, sigue sin tener actualizado su proyecto definitivo.

De hecho, no ha sido hasta hace unas semanas cuando la Consejería de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha firmado el contrato con la empresa que va a readaptar la actuación. La unión temporal integrada por TPF Getinsa-Euroestudios S.L. e Ingeniería y Servicios Avanzados S.L.P. (INASER) dispone de seis meses para llevar a cabo la actuación. El coste estimado para esta planta ronda los 70 millones de euros, con la previsión de que pueda depurar hasta 70.000 metros cúbicos.

Este equipamiento, para el que la Junta llegó a reservar 35 millones en 2016, se contempla para atender las necesidades de Alhaurín el Grande, Cártama, Alhaurín de la Torre y las pedanías de la zona norte de la capital de la Costa del Sol. De estos núcleos, tanto Alhaurín de la Torre como los barrios de la capital ya vierten sus aguas en la estación existente en el Guadalhorce, si bien pasarían a desviar sus aportaciones a la nueva estación una vez en servicio.

¿Cuánto ocurrirá eso? No parece que antes de 2023. La secuencia temporal apunta en esta dirección. Adjudicada la readaptación del proyecto, no parece probable que el camino esté expedito para poner en marcha el concurso de obras hasta la parte final de 2019. El plazo de ejecución estimado es de unos 36 meses.

La alcaldesa de Alhaurín el Grande, Antonia Ledesma, lamentó que las últimas noticias de la Junta se remontan a hace un año. "No hemos vuelto a saber nada más", dijo la regidora, cuyos vecinos vierten directamente al arroyo La Villa, que desemboca en el Guadalhorce. Para ello dispone de la autorización provisional de la propia Administración regional, a pesar de lo cual fue objeto de varios expedientes sancionadores. Uno, por 120.000 euros y que, tras ser recurrido, se redujo a 6.000 euros.

También bajo el paraguas de responsabilidad de la Junta se encuentra la construcción de la EDAR Bajo Guadalhorce, mediante la que se pretende dar servicio a Coín, Pizarra y Álora. Tras el arranque de las operaciones hace algo más de un año, a mediados del presente ejercicio se apuntó que la puesta en servicio de la misma tendrá lugar a lo largo de 2019.

Los alcaldes de Álora, José Sánchez, y Coín, Fernando Fernández, confirmaron que este es el marco temporal en el que se maneja esta actuación. A estos dos municipio hay que sumar Pizarra como el tercer beneficiario, sumando una población de 43.000 personas. No obstante, las instalaciones tienen capacidad para tratar las aguas de hasta 70.000.

En estado de terminación también se encuentra la única gran depuradora que le resta al Gobierno central, la de Nerja. Mediante una respuesta parlamentaria emitida el 8 de noviembre, el Ejecutivo informa de que la fecha de terminación es el día 30, fijando su entrada en servicio "a lo largo del primer trimestre del año 2019".

Esta actuación fue declarada de Interés General, poniéndose en marcha la elaboración del proyecto y ejecución de las obras en diciembre de 2012. El acta de replanteo de la obra fue firmado el 10 de diciembre de 2013, con un plazo de 30 meses. Conforme a esta hoja de ruta tendría que haber estado acabada en mediados de 2016. La población de Nerja es de 21.000 habitantes, aunque el tratamiento previsto puede abordar el aporte de hasta 100.000 vecinos.

Si bien estos son los municipios de mayor tamaño que aún no depuran sus aguas, no son los únicos. Muestra de ello es que en abril de este mismo año el Ministerio de Medio Ambiente puso en marcha la licitación de la redacción de los proyectos de saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del río Guadiaro, donde construir cinco depuradoras en Arriate (4.094), Jimera de Líbar (396), Cortes de la Frontera (dos) (3.268) y otra para dar servicio a Benaoján (1.497) y Montejaque (997).