La presencia conjunta del presidente del Gobierno y el de la Junta ayer, en el estreno de las obras de un tramo de la línea 3 del Metro de Sevilla, que afrontan las dos administraciones, ofrece una imagen de normalidad institucional que debería ser la norma y no la excepción. El mensaje que se manda a la ciudadanía es que, en temas capitales para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos, y la movilidad urbana es uno de los más importantes, los dos ejecutivos deben de colaborar para desbloquear problemas y lograr la financiación adecuada. En España estamos acostumbrados a que todo se utilice como arma política y las infraestructuras no han sido una excepción. Valga con señalar el demandado, desde hace dos décadas, tren litoral, para prolongar el ferrocarril desde Málaga hasta Marbella y Estepona. En las últimas semanas asistimos a una contienda entre el PSOE y el PP. La Junta, que fue la que promovió la iniciativa cuando gobernaban los socialistas, ahora denuncia la pasividad de Pedro Sánchez. Pero el actual ejecutivo autónomo, en manos de los populares, no se muestra tan exigente al evaluar esa gestión en la etapa de Rajoy, que necesitó más de siete años para elaborar un estudio informativo y anunciar que había distintas alternativas. La disputa entre las dos formaciones llega hasta las cuestiones más nimias de protocolo, como se vio el pasado fin de semana en la final de la Copa del Rey. Cualquier discrepancia provoca que salten chispas entre los representantes del Gobierno central y del andaluz. Pero Andalucía necesita compromisos de inversión para afrontar infraestructuras que son básicas para su desarrollo. Las obras hidráulicas son también otro claro ejemplo, con un déficit hídrico crónico que precisa actuaciones conjuntas para combatir la sequía, por ejemplo, las desaladoras. No cabe duda de que la colaboración entre el Gobierno central y la Junta es el camino correcto para revertir esta situación.