Este pasado martes la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa), propiedad al 51% del Ayuntamiento de Málaga, emitía un comunicado en el que reconocía haber detectado irregularidades administrativas en contratos relacionados con la construcción del aparcamiento de Pío Baroja y la cubrición de las pistas deportivas del colegio que está encima. 

Este aparcamiento es el segundo que la empresa municipal construye en el distrito Este y, esperaba el equipo de gobierno, una de las grandes bazas electorales de cara a las municipales; sin embargo, no llegó a esta fecha. Una obra que debía estar –tanto subterráneo como cubierta– en enero de 2023 inaugurado hubo de posponerse al verano para el parking y a enero, pero de 2024, el pabellón deportivo. Todo esto con una inversión que se esperaba de unos ocho millones de euros acabó en los 12,5 millones si se suman ambas fases entre sobre costes y modificaciones. 

Pero, más allá del exceso de tiempo y dinero, el nuevo aparcamiento de El Palo centra las miradas por estas irregularidades, que se remontan a septiembre de 2022. Entonces, el gerente, Manuel Díaz Guirado –que fue concejal de Urbanismo– dividió en dos la Jefatura Técnica y creó los departamentos de Obras y Proyectos. En el segundo de ellos y apartándola de la responsabilidades en Pío Baroja, situó a Trinidad Rodríguez, quien fuera la técnico al frente de la anterior estructura que lo había denunciado por presunto acoso laboral –causa que está pendiente de juicio–. 

Más tarde, en sede plenaria, la propia Rodríguez dijo que Díaz Guirado la apartaba por haberse negado a firmar documentos que le "habrían llevado a la cárcel". El gerente, para el nuevo departamento de Obras, fichó a dedo a un antiguo técnico de Urbanismo, Alejandro Donaire. Para esta contratación, según un informe de Intervención municipal, debería haber convocado un proceso de selección. El comité de empresa lo ha llevado a tribunales y está a la espera de que el juicio se celebre el próximo mes de mayo. 

En noviembre de ese año, Díaz Guirado compareció ante la prensa y aseguró que no habían existido irregularidades ni presiones y que el aparcamiento estaría finalizado en febrero de 2023 –esto último no sucedió–. Ya en abril de 2023, cuando fue citado a declarar en Ciudad de la Justicia, volvió a mantener que no existían irregularidades y no haber cometido presiones. 

Dos meses antes, el 17 de febrero, Rafael Guevara facturó a Smassa la visa de la dirección de obra de la cubrición de pistas de Pío Baroja; pese a que no sería contratado oficialmente hasta el 30 de junio de 2023. Este documento es necesario para pedir la licencia de obras y contiene la relación de la dirección facultativa de los trabajos que se presenta ante el colegio profesional.

El técnico, preguntado por Málaga Hoy, reconoce que desde Smassa, empresa que dirige Díaz Guirado y de quien dependía directamente su contratación, le trasladaron que "les urgía". Lo necesitaban para poder solicitar la licencia de obras y comenzar lo antes posible. 

Factura de Vergara a Smassa cuatro meses antes de su contratación.

Además, añade que recibió de la sociedad municipal una autorización verbal de que iba a ser el encargado antes de la resolución oficial: "La vas a hacer tú, pero necesitamos la licencia de obras ya", sostiene que le conminaron.

Para contratarle era necesario que Trinidad Rodríguez firmase un informe de necesidad, cosa que hace en un primer momento. Finalmente, Guevara no se encarga de la dirección de obra, sino de la asistencia técnica de la misma, que también necesita un informe similar al que la técnico firmó en un primer momento. Este es el documento que sobre el que se denuncia falsedad documental: aparece la misma rúbrica digital, a la misma hora, mismo minuto y mismo minuto del mismo día. La profesional niega haber firmado ese segundo documento; el portavoz socialista, Dani Pérez, en su denuncia pública dijo que parece "haber sido hecho con Photoshop, de una manera muy burda". 

Finalmente, la dirección de obra la llevó Jose Carlos Cifuentes, a quien se adjudicó el contrato el último día de mayo de 2023. Sin embargo, la propuesta de adjudicación –en la que se compara su propuesta a otras que también optaban– no se produce hasta el 7 de noviembre de 2023, seis meses más tarde. En la rúbrica, de Alejandro Donaire, la fecha está oculta; hay que acceder a ella en las propiedades de la misma. Cifuentes firma hasta cuatro certificaciones antes de que haya un documento en el que se le proponga en Smassa, alega que ya había recibido su contratación oficial. 

Finalizan todo el proyecto y lo inauguran a mitad de enero de 2024. El 8 de febrero, según un comunicado de Smassa, detectan las "irregularidades en los procesos administrativos". Un día más tarde el comité de empresa solicita que se inicie una investigación interna, sin recibir respuesta. 

Manuel Díaz Guirado, gerente de Smassa y exconcejal de Urbanismo de Málaga.

Dos semanas después vuelve a solicitar el inicio de pesquisas. Alerta en la comunicación que "sospecha que estén modificando o alterando los expedientes". Vuelve a reinar el silencio. El 23 de febrero, Díaz Guirado firma un informe de error para el contrato de Rafael Guevara. Más tarde se haría un informe de subsanación sobre el mismo

El 7 de marzo el comité de empresa envía una tercera solicitud de investigación a las 9:33 de la mañana. A mediodía recibe por respuesta la apertura de las pesquisas que llevarán dos personas, ninguna de ellas la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández. La investigación interna comienza un mes después de conocer las irregularidades. 

La Policía Nacional cita al gerente y a la concejala a declarar tras la denuncia por la falsificación de la firma, él acude el 18 de marzo; ella, el 10 de abril; según el mismo comunicado emitido por Smassa el 23 de abril, día que se hace pública la denuncia. 

Esa misma mañana el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, niega conocer los hechos. Al día siguiente, reconocerá conocerlo "parcialmente" y promete indagar "a partir de ahora". El PSOE pide una comisión de investigación pública en el Ayuntamiento. El equipo de gobierno la rechaza en el pleno que se celebra el 25 de abril. 

En esa misma moción la concejala de Movilidad afirma que las irregularidades se deben a que las cosas se hacen "mal de facto, por la costumbre" en Smassa. Afirma estar tratando de solucionar todo lo que "no me gusta", añade que "la presunta falsificación de firma no la ha hecho el gerente" y que no ha visto "ningún ilícito penal". El alcalde deja en manos de la edil el puesto del gerente. 

El 23 de abril, en su comunicado, además, afirman que no hay ningún pago por trabajos que no se hayan producido y prometen "depurar responsabilidades en los próximos días". La concejala anunció "ir hasta el final". Al cierre de esta edición no se ha producido ningún movimiento en este sentido.