España deberá pagar 12 millones de euros de multa y 11 millones de euros más cada seis meses mientras las nueve localidades sancionadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigan sin depurar sus aguas residuales. Cuatro de esos municipios están en la provincia de Málaga. Coín, Alhaurín el Grande, Nerja y Estepona, todos ellos de más de 15.000 habitantes, y a los que la directiva comunitaria obligaba a contar con mecanismos de depuración desde el 1 de enero de 2001.

Pero a pesar de la ampliación de los plazos que se han ido produciendo en estos años y las continuas advertencias hechas por la Unión Europea, tres de ellos siguen incumpliendo de forma flagrante y es la razón por la que Tribunal de Justicia europeo ha condenado duramente al Estado español en una sentencia dada a conocer ayer y que deriva de la demanda interpuesta por la Comisión Europea el año pasado.

Solamente Estepona tiene resuelto el problema de la depuración después de que justo hace un año se terminara la ampliación de la depuradora de Guadalmansa, cuatro años después de lo previsto. Los trabajos, que comenzaron a finales de 2009, deberían haber finalizado en el año 2013. No obstante, la obra, que supuso una inversión de 35 millones de euros, triplica la capacidad de depuración y tratamiento de las aguas residuales que puedan generar alrededor de 400.000 habitantes en Estepona, Marbella, Benahavís e Istán.

Los otros municipios afectados por la sentencia, en cambio, van a tardar en cumplir los deberes. En el caso de Coín probablemente mucho antes que el resto, ya que la Junta de Andalucía prevé que las obras de la estación depuradora de aguas residuales del Bajo Guadalhorce, que se encargará también de la carga contaminante de Álora y Pizarra, terminen en octubre o noviembre próximos. Sin embargo, una vez concluida su construcción, deberá transcurrir un periodo de pruebas de unos seis meses, por lo que hasta la segunda mitad del año que viene no se espera que entre en funcionamiento.

Mucho más verde está el proyecto para la construcción de la depuradora Guadalhorce-Norte, y que aglutinará las aguas residuales de Alhaurín el Grande, Alhaurín de la Torre, Cártama y Málaga capital, y que acumula casi 13 años de retraso. Precisamente, la Junta comunicó hace un par de semanas la selección de la consultoría que redactará la adecuación del proyecto de concentración de vertidos y el pliego de bases de estas instalaciones. La oferta elegida, de un total de nueve, es la integrada por TPF Getinsa Euroestudios, S.L. e Inaser, marca un plazo de elaboración del documento de seis meses. Con este calendario, no parece previsible que el citado documento técnico esté listo antes de finales de enero de 2019, momento a partir del cual podrá iniciarse la cuenta atrás para la apertura del procedimiento de contratación de las obras de ejecución de la planta. Todo ello aboca irremediablemente a que la primera piedra de esta largamente demandada infraestructura no se coloque hasta la parte final de 2019.

El caso más grave es el de la depuradora de Nerja, una obra que depende directamente del Gobierno central, y que lleva sufriendo un rosario de obstáculos que han impedido hasta ahora terminarla. Las obras se retomaron en enero de este año tras nueve meses de parón y años de retraso. Dado que en Andalucía hay otros municipios afectados, como Tarifa, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, aseguró ayer que la comunidad ha hecho "un esfuerzo enorme" por acometer las obras de las depuraciones de agua de su competencia en las localidades sancionadas por la UE.

Así, explicó que todas las depuradoras de aguas de los cuatro municipios de la comunidad sujetos a sanción y que son competencia de la administración andaluza "están en obras", "algunas de ellas terminadas" y otras "próximas a su finalización". Por eso, destacó que la Junta ha dado prioridad a las obras de depuración en los lugares que eran susceptibles de recibir la sanción.

En febrero del año pasado el consejero andaluz reclamó en el Parlamento al Estado que invirtiera los cerca de 300 millones de euros necesarios para la construcción de las cuatro depuradoras andaluzas que son de su responsabilidad: Barbate (obra que ya está en licitación), Estepona, Matalascañas y Nerja.

Las otras cuatro aglomeraciones urbanas andaluzas afectadas por la sentencia de 2011 del Tribunal de Justicia de la UE contra el Reino de España por incumplir sus obligaciones en depuración de aguas residuales son de competencia autonómica: Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa y Coín. Pero al final no se ha llegado a tiempo y lo que más se temía ha llegado. De hecho, una de las razones que ha llevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a sancionar finalmente a España es "el carácter especialmente prolongado de la infracción constituye una circunstancia agravante". Sobre todo, dado que debido a los informes que cada seis meses el Estado envía a la Unión Europa sobre los pasos que se van dando en este sentido el fin del saneamiento en los municipios afectados no parece que sea una realidad hasta 2019, lo que supondrá un retraso de 18 años con respecto al plazo inicialmente fijado por la directiva comunitaria. España tiene abiertos cuatro expedientes por el mismo motivo.