El pasado viernes, la comisión de participación social del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz puso a debate el borrador del Plan de Transporte para la Bahía. Un documento que, tanto desde Ecologistas en Acción, como desde el colectivo La Zancada, Facua y Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, califican de "inservible". La propuesta no contempla, a efectos prácticos, modificar la actual "sumisión al coche privado" y "se queda corta" en la pretensión de potenciar la movilidad en transporte público.

Se trata de un documento copioso (458 páginas), en el que los objetivos aspiracionales de descarbonización, movilidad sostenible y apuesta por el transporte público "no se traducen en compromisos reales, quedando las actuaciones en meras recomendaciones", afirman los interesados. 

El plan viene, en fin, a confirmar un principio consolidado en temas de movilidad: toda infraestructura destinada al coche acaba saturándose, por efecto llamada. Madrid terminó deglutiendo la M30, la M40 y la M50. La consecuencia inevitable que trajo el puente de la Constitución -que, en teoría, contempla el uso ferroviario- ha sido el fomento del uso del transporte privado en la Bahía. El resultado es, por supuesto, contrario a las inercias que dictan los tiempos, y que van encaminadas a un escenario de reducción de emisiones y fomento del transporte público. ¿Cómo evitarlo? Pues, a nivel práctico, limitando las plazas de aparcamiento en el casco antiguo gaditano para no residentes; de cara a la galería, elaborando planes que quedan bonitos sobre el papel. Pero claro, todo esto puede funcionar hasta un cierto límite: hay veces que es imposible nadar y guardar la ropa, esa práctica tan extendida en alta y baja política.

Así, si en 1992 los viajes en vehículo privado representaban el 78% de los realizados en la Bahía; en 2019 eran el 89,1%. El Plan Metropolitano de Transporte de la Bahía de Cádiz contempla en su "prognosis" un aumento de 6 al 6,8% del transporte público en este escenario, mientras que los desplazamientos en vehículo privado crecerían un 16%, pasando 350.000 viajes diarios en 2019 a 400.000. En vez de reducir la movilidad motorizada, el plan prevé un incremento interanual de un 1,4%.

OBJETIVOS FRENTE A REALIDAD EN LA MOVILIDAD 

El cálculo no parece casar mucho con los objetivos de la puesta en marcha del plan, que contemplan retos como el trasvase de usuario del transporte público al privado de un 16%; aumento de las frecuencias del transporte público en un 60% y del uso de la bici en un 10%: y una disminución de un 15% de las toneladas de CO2 -en total, el transporte metropolitano en la Bahía emite un millón de toneladas anuales de gases efecto invernadero-. "Los compromisos respecto de descarbonización -indican los denunciantes- son inexistentes".

Todo ello -recordaban- porque se ha "fomentado un modelo de ciudad dispersa, construyendo aparcamientos e infraestructuras que posibilitaban llegar rápido. La movilidad ha sido un efecto colateral de cómo vivimos y del desacople de los lugares de residencia y trabajo".

El plan cuenta además con faltas como la ausencia de autobuses eléctricos -excepto en Rota- o una previsión de reducción de emisiones de GEI de sólo un 6,5% respecto a 2009, cuando los compromisos de la UE son de un 55% y en referencia a 1990. La propuesta sólo recoge datos hasta 2019, aunque apunta novedades como el Trambahía, incluyendo los datos referentes a este servicio del 13 de abril de 2023.

Con este Plan, continúan, "es imposible que persigamos la trayectoria de fomento del transporte público", de uso de la bici, de ampliación de la red ferroviaria y tranviaria y de tráfico calmado, quedando sus previsiones muy por debajo de las exigencias que "la Emergencia Climática nos demanda".

Los colectivos solicitan al Consorcio la retirada y nueva formulación del Plan, "siguiendo los pasos de la olvidada planificación de 1996, un plan que sí perseguía la consecución de una reducción del tráfico motorizado, con el ferrocarril y la bici como alternativas prioritarias". Un plan intermodal que desarrollaba, hace ya treinta años, alcanzar un proporción del uso de transporte colectivo y privado del 65/35; con un objetivo a medio plazo de 50/50 frente a la meta final de 20/80. Es obvio que no sólo hemos hecho el recorrido a la inversa, sino que vamos a insistir en la linde.

MOTIVOS PARA LA ANULACIÓN DEL PLAN 

Principalmente, son cuatro los motivos por los que los colectivos reclaman la anulación del actual Plan:

1. Los compromisos a favor del transporte público son completamente insuficientes. Con los atos obtenidos, se comprueba que, en vez de reducir la demanda del coche privado, el Plan sigue la inercia de las cosas, renunciando a revertir esta hegemonía insoportable. 
2. Los compromisos de descarbonización son inexistentes. Frente al objetivo de reducir los gases de efecto invernadero en la UE para 2030 en un 55 % (RepowerEU), el plan solo contempla una reducción del 6,5 % y además no en base a 1990 (como establece el Acuerdo de París) sino de 2019. La penetración del coche eléctrico para 2030 la reduce a un 2%.
3. El Plan está lleno de deficiencias y errores, asumiendo que no pretende establecer medidas sino solo previsiones, renunciando a la necesidad de que Ayuntamientos y Ministerio de Fomento asuman compromisos reales.
4. Ni la ampliación de la conexión ferroviaria, tranviaria y ciclista están contempladas, marginado una reclamación ampliamente exigida, como es el carril bici entre Cádiz y Puerto Real, una conexión solicitada por ambos ayuntamientos.

Todo esto, prosiguen, "unido al incumplimiento generalizado por parte de las autoridades locales de sus obligaciones legales, Zonas de Bajas Emisiones para municipios de más de 50.000 habitantes y Planes Locales frente al Cambio Climático, con medidas de mitigación, adaptación y participación, nos ofrece un panorama de inacción climática preocupante, que reclama una movilización urgente de la ciudadanía.